Los
espacios protegidos son un aspecto clave de los programas de conservación, pero
no bastan por sí mismos para proteger la biodiversidad en toda su extensión, y
no siempre se respetan. Para obtener resultados, es necesario escoger
cuidadosamente el emplazamiento de los espacios protegidos, asegurándose de que
todos los ecosistemas de la zona tengan una representación adecuada. Además, es
necesario que estos espacios estén bien diseñados y gestionados con eficacia.
Los instrumentos financieros, como el pago
directo por los servicios de los ecosistemas o la transmisión de la propiedad a
particulares, pueden suponer un incentivo económico a la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas.
La
prevención y la intervención temprana se han revelado como los métodos más
eficaces y rentables a la hora de enfrentarse a las especies invasoras. Una vez
se ha introducido una especieinvasora resulta sumamente difícil y costoso
combatirla y, sobre todo, erradicarla, ya sea mediante productos químicos o
introduciendo otras especies (soluciones que no siempre dan resultado).
La biodiversidad debe tenerse en cuenta en la
agricultura, la pesca y la silvicultura para lograr su conservación. Estos
sectores dependen directamente de la biodiversidad e influyen directamente en
ésta. El sector privado puede contribuir de manera significativa; por ejemplo,
incorporando determinadas prácticas agrícolas. Muchas empresas muestran en la
actualidad una mayor responsabilidad corporativa y preparan sus propios planes
de actuación en materia de biodiversidad.
Es imprescindible contar a todos los niveles
con organismos sólidos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y
al uso sostenible de los ecosistemas. Los acuerdos internacionales deben prever
medidas para asegurar su cumplimiento y tener en cuenta los impactos sobre la
biodiversidad y las posibles sinergias con otros acuerdos. La mayor parte de
las medidas directas para detener o frenar la pérdida de biodiversidad deben
tomarse a nivel local o nacional. Las leyes y políticas adecuadas desarrolladas
por las administraciones centrales pueden habilitar a las administraciones
locales para que incentiven la gestión sostenible de los recursos.